La Junta pretende que el esfuerzo financiero de quienes adquieran una vivienda no supere el 30% de su salario.
La Junta de Extremadura está elaborando un nuevo Plan de Vivienda, que “en breve” va a pasar el filtro de la concertación social, si bien ya se conoce cuáles van a ser sus líneas fundamentales para transformar la vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar, ha avanzado Leire Iglesias, consejera competente en el pleno de la Asamblea.
Iglesias ha explicado que se trata de “adecuar” el presente marco normativo a fin de que la vivienda gane una “función social” y, en este sentido, la Junta ha anunciado la creación de un fondo de garantía que permita acreditar una parte del crédito de la vivienda habitual para quienes no tengan acceso al préstamo, en especial jóvenes con menos capacidad de ahorro. La consejera asimismo ha adelantado que “se va a poner por delante” la protección de los más pequeños para impedir que los menores puedan ser desalojados de sus viviendas sin un mecanismo de protección adecuado.
Uno de los propósitos del Plan de Vivienda va a ser lograr que una una persona no deba destinar más del 30% de su salario al pago de la vivienda, “que el esfuerzo financiero esté por debajo de esa cantidad para poder tener una vida digna y adecuada”. Sin embargo, este propósito ya se cumple en Extremadura, como ha indicado Iglesias, aún así hay campos que se hallan fuera de esas circunstancias.
Para lograr una moderación de los costes de alquiler, Extremadura va a establecer una nueva tipología de vivienda protegida de alquiler económico, pública y privada, para lo que se ha ofrecido ya suelo en ciertos ayuntamientos de la zona, y se prevé una inversión de 17 millones euros y el comienzo de la promoción de cerca de 350 casas para procurar descender los costes del alquiler a través del aumento de oferta.
En este sentido, ha adelantado una modificación de la VPO, “no solo del coste del módulo, que admita nuevas necesidades de familias, de convivencia y de espacios”.
Viviendas sociales
Por otro lado, el Plan incluye uno con veinticinco millones de euros para el lanzamiento de nuevas viviendas de promoción pública y adquisición de viviendas públicas para “evitar inconvenientes de elitización y guetos del pasado”.
A esta inversión se unirán diez millones para la sostenibilidad, rehabilitación integral o energética del parque público para terminar con la pobreza energética y una partida de tres millones, consignados en los presupuestos regionales, para la conservación y restauración de inmuebles del parque público, ha anunciado la consejera, que ha asegurado que continuarán las ayudas de emergencia habitacional en cooperación con las entidades sociales “con programas piloto muy efectivos a través de el reconocimiento de ayudas al pago de renta en los casos que no haya casas sociales disponibles”.
Por otro lado, Leire Iglesias se ha referido a la restauración de inmuebles vacíos y se ha comprometido a desarrollar el impuesto para grandes tenedores de casas vacías: “Basta de gente sin casas y casas sin gente, si una casa sin gente tiene como último fin la especulación deberemos poder intervenir para asegurar su función social ”. En este sentido, la Junta realizará un censo de inmuebles vacíos, gravará el incumplimiento de su función.
Apuesta por la rehabilitación
La portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, que ha coincidido en muchos aspectos con la consejera en que el propósito principal del nuevo plan ha de ser asegurar una vivienda digna “a aquellos que expulsa el sistema, como lo jóvenes”, ha pedido aumentar el parque público, incluyendo lo privado ya construido y las del SAREB.
Este último punto no es compartido por la consejera, no partidaria de invertir más dinero público a un proyecto cuyo origen no fue social sino “especulativo”.
Irene de Miguel asimismo ha informado que hay que apostar por la rehabilitación en los centros urbanos en vez de nuevas construcciones en la periferia, que no unen, y ha confirmado que en la ley extremeña hay que apostar por salvar “los palos en las ruedas” que tiene la aprobada a nivel estatal.
Imagen de archivo del escaparate de una agencia inmobiliaria EFE/Biel Aliño
