La Comisión Europea transmite que no dejará llevar hasta 2025 como pretendían España y Portugal si no se prorroga el marco de ayudas por la guerra que finaliza el 31 de diciembre.
La Comisión Europea no descarta ampliar la vigencia de la excepción ibérica -el límite al coste de gas que se emplea para generar electricidad que se aplica en España y Portugal-, sin embargo es menos tiempo que al que aspiraban los gobiernos ibéricos. La intención de España y lusa era prolongar el tope al gas por lo menos hasta final de 2024 para protegerse frente a grandes subidas del coste de la luz mientras dure la crisis energética, sin embargo Bruselas por el momento solamente se plantea ampliarlo hasta final del año en curso.
La Comisión Europea ya ha trasladado a España y Portugal que la ampliación de la excepción ibérica no va a ir más allá de este 2023, por el hecho de que es el periodo en que está vigente el marco temporal de ayudas por la guerra de Ucrania. Si la UE no extiende este marco de medidas especiales de apoyo, tampoco va a poder hacerlo el tope al gas ibérico más allá de fin de año.
Así se lo comunicó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, tal y como confirman fuentes oficiales del Gobierno de España. El incremento de la excepción ibérica continúa siendo estudiada por los técnicos de la Comisión y aún no han adoptado una resolución.
Vigencia Excepción Ibérica
La vigencia de la llamada excepción ibérica, que ha servido para mantener el coste de la luz en el mercado de nuestro país frente a las subidas continuadas de otros países de la Unión Europea, finaliza el próximo 31. El Ejecutivo informó que su intención es extenderla por lo menos hasta final de 2024 o hasta el momento en que la UE acuerde una reforma integral de las reglas de funcionamiento de los mercados de la electricidad.
Después de la reunión con la comisaria Vestager, el Gobierno “asume como un escenario razonable” la ampliación del mecanismo solamente siete meses, hasta fin de año, como confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. En todo caso, el Ejecutivo ve plausible que la UE aumente el marco temporal de ayudas por la guerra, lo que dejaría también una puerta abierta a la extensión de la excepción ibérica pasado 2023, o que se llegue a una decisión este año dentro de la Unión para reformar los mercados eléctricos.
El Gobierno afirma ver como una “opción perfectamente factible” que a lo largo de la Presidencia Española del Consejo Europeo, en el segundo semestre del año en curso, se pudiese conseguir un acuerdo para un cambio estructural del mercado de la electricidad en la Unión Europea, lo que “constituye el inconveniente real y la estrategia central para España”, según apuntan fuentes ministeriales.
Modificar las Reglas
El Gobierno ha planteado a Bruselas modificar las reglas actuales de funcionamiento de los mercados eléctricos europeos, que fijan los costes a través de un sistema marginalista (que hace que la última y más cara tecnología sea la que marque el coste de todas las otras) y ha hecho que se disparen los costes del gas natural y la electricidad.
España ha propuesto, en la práctica, continuar con el mercado diario e intradiario la electricidad producida por las centrales de gas y de carbón, que obtendrían una compensación (pagos por capacidad) por estar libres en picos de demanda. Las renovables, las nucleares y la hidráulica pasarían a tener un coste fijo a lo largo de años a través de contratos con el sistema eléctrico. El coste que cobrarían las renovables se ubicaría por un sistema muy parecido a las presentes subastas del Gobierno, al tiempo que la de nucleares e hidroeléctrico sería un coste fijado por el regulador.
