La Junta de Extremadura ha presentado el pasado 6 de febrero una enmienda a la Ley de Vivienda en la Asamblea para establecer una regulación sobre un impuesto para los propietarios de grandes cantidades de propiedades vacías. Esta modificación también incluye la creación de un fondo de garantía para ayudar a jóvenes a la compra de viviendas y un mecanismo de protección contra los desalojos en los que hay menores presentes en el hogar.
La modificación de la normativa fue registrada este lunes en la Cámara autonómica por el portavoz de la Junta, Juan Antonio González y la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, para su proceso legislativo. La consejera ha subrayado que el Gobierno extremeño aborda el debate en la Asamblea con la intención de escuchar las contribuciones de los grupos parlamentarios y mejorar la enmienda registrada recientemente.
La Ley 11/2019 actualmente en vigor, incluye un impuesto para viviendas vacías, pero no se podía aplicar debido a la falta de un desarrollo reglamentario con carácter de ley. Con la modificación reciente, se ha introducido un impuesto para los grandes propietarios de viviendas vacías, incluyendo a personas jurídicas, sociedades y fondos de inversión que tengan más de cinco viviendas vacías por más de un año acumulado.
«Entendemos que una de las formas de controlar el precio del alquiler es mejorar la oferta y no permitir que haya grandes sociedades que acumulen viviendas desocupadas y que, con eso, procuren que no haya oferta disponible suficiente en nuestra región», ha afirmado la consejera Leire Iglesias, quien ha destacado que no hay un «problema» de cantidad de propiedades inmobiliarias en Extremadura.
Además, la consejera ha mencionado que la ley incluye la creación de un fondo de garantía para la compra de viviendas, con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad, especialmente para la población joven. A pesar de que la situación laboral y de empleo entre los jóvenes está mejorando en la región, debido a un aumento de contratos indefinidos, todavía hay muchas personas que no tienen suficientes ahorros para comprar una vivienda. Según la consejera, se pretende convertir en garantes y avalistas de la parte de financiación que los jóvenes no puedan obtener, y eso debe ser regulado por ley.
Iglesias también ha destacado la creación de un mecanismo de protección para menores ante la pérdida de vivienda en Extremadura. «Es muy novedoso porque no existe marco comparativo en otras partes del territorio y se atiende a la ley de protección a la infancia. El hecho de ser desalojado de una vivienda por cuestiones forzosas es un acto muy violento para el conjunto de la familia, pero que, especialmente, la padecen los menores» ha destacado.
La consejera ha mencionado que este mecanismo de protección permitirá que «cuando se produzca una pérdida de vivienda, antes de tener que acudir al desalojo, la Administración responda con cualquier instrumento bien sea adquisición de inmuebles, subvenciones o adjudicación directa de una vivienda para evitar que las personas menores tengan que sufrir estas situaciones y para prevenir una circunstancia de esas características».
Según ha afirmado Leire Iglesias, el importe del impuesto dependerá de la superficie y será «progresivo», lo que significa que «a partir de 500 metros cuadrados de superficie desde 7,5 euros hasta 22,5 euros el metro cuadrado en función de la disponibilidad de superficie de vivienda vacía». «Cuando tienes más de 4.000 metros cuadrados pues se aplica el máximo tributo y cuando tienes menos superficie disponible hay menos tributo», ha destacado la consejera.
Además, ha mencionado que de acuerdo a la investigación realizada por la Junta, hay aproximadamente de 40 a 50 compañías en Extremadura que podrían ser requeridas para pagar el tributo debido a la acumulación de propiedades inmuebles, y una vez que la norma entre en vigor, se comparará y contrastará la situación para luego aplicar un proceso de autoliquidación similar al que ya se utiliza en otras comunidades como Valencia o Cataluña.
Imagen: Iglesias yGonzález en el registro con los cambios en la normativa.Junta de Extremadura.
